CONCEPTO 871 DE 2008 (Diciembre 30)

CONCEPTO 871 DE 2008

(Diciembre 30)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Radicado No.: 20081300942211

Fecha: 30-12-2008

Bogotá D.C.,

CONCEPTO SSPD-OJ-2008-871

HECTOR CAMELO LARA

Alcalde

Municipio de Chocontá

Carrera 5 No. 5-19

Fax 8561352

Chocontá-Cundinamarca

Ref.: Su solicitud de concepto(1)

Anexando como soporte la Resolución No. 000316 del 28 de mayo de 1996, el Acuerdo No. 17 del 19 de julio de 1996 y el recorte de prensa donde se publicó la invitación en el Diario Oficial Nuevo Siglo en su edición del 27 de junio de 1996, se basa la consulta objeto de estudio en emitir concepto sobre el proceso de transformación empresarial que adelantó el Municipio de Chocontá en julio de 1996; revisar los actos administrativos que en su momento se adelantaron con el propósito de dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 142 de 1994 y determinar si los citados documentos se ajustan a la normatividad vigente.

Las siguientes consideraciones se formulan teniendo en cuenta el alcance del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

En primer término, nos permitimos precisar que esta Superintendencia no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de los actos de las alcaldías y concejos municipales.

La competencia de esta Entidad se contrae a ejercer la vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos con el fin de velar por la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo (C.P. artículos 365 a 370 y Ley 142 de 1994).

Por otra parte, es importante precisar que en desarrollo de la función consultiva no es posible resolver casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse en forma genérica de tal manera que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares.

Ahora bien, frente al tema objeto de consulta, debemos señalar que los municipios sólo están autorizados para prestar los servicios públicos de manera excepcional, esto es, conforme lo prevé el artículo 367 de la Constitución Política, cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

La preceptiva del artículo 367 en cita, fue desarrollada por la Ley 142 de 1994 en el artículo 6. Esta última norma dispone que se entenderá que las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales permiten y aconsejan la prestación directa del municipio en los siguientes eventos:

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada;

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serian inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios”.

Así las cosas, la prestación directa de servicios públicos domiciliarios por parte de los municipios sólo tiene lugar cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entiende que ocurre en los casos previstos en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, en lo que respecta a los procedimientos de convocatoria a prestadores interesados y siendo que la norma no señala ninguna restricción frente al desarrollo de las mismas, debe concluirse que los municipios pueden desarrollar las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 trascritos de manera secuencial o de manera conjunta, dado que en ambos casos el objetivo de la norma se cumple a cabalidad. En esa medida, se entiende agotado el procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 cuando en un sólo acto de convocatoria un municipio invita tanto a empresas de servicios públicos (Numeral 6.1) como a otros entes públicos y privados (Numeral 6.2).

De acuerdo con lo anterior, si el municipio agotó el procedimiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994 pero no se presentó ningún interesado o no se dieron las condiciones establecidas en la misma disposición y el ente territorial creó una unidad administrativa encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, debe entenderse que se ha cumplido con el régimen de servicios públicos domiciliarios y que el municipio se encuentra autorizado para prestar de manera directa los citados servicios.

Por otra parte, la Constitución en su artículo 313 señala como funciones de los concejos municipales, las de reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore precisas funciones de las que corresponden a los concejos, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; al igual que puede crear, a iniciativa del alcalde, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

En este sentido, corresponde al municipio mediante acuerdo organizar la administración municipal, siguiendo las normas contenidas en los artículos 110 y siguientes del Código de Régimen Municipal para el trámite y aprobación de los referidos actos administrativos que busquen la creación de una dependencia encargada de la prestación de los servicios públicos o de una empresa prestadora.

Por último, es importante recordar que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Directiva 0015 del 22 de diciembre de 2005, dirigida a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, concejos municipales, Superintendencia de Servicios Públicos y autoridades ambientales, señaló lo siguiente:

Respecto a las condiciones para operar los servicios públicos domiciliarios: (…)

Segundo. Acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 6o de la Ley 142 de 1994, cuando el municipio sea prestador directo del servicio, o el cumplimiento del parágrafo del artículo 31 de la citada ley, cuando el municipio otorgue en concesión la prestación del servicio.

Para efectos de acreditar el cumplimiento de lo previsto en el presente numeral, el municipio deberá, en caso de haber efectuado el procedimiento allí previsto con anterioridad a esta Directiva, inscribirse en el Registro Único de Prestadores, RUPS, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, o coordinar que la empresa seleccionada, previa licitación pública, se inscriba antes del 28 de febrero de 2006. Si no ha llevado a cabo el procedimiento, deberá agotarlo e inscribirse en el RUPS o coordinar que la empresa seleccionada, previa licitación pública, se inscriba antes del 30 de mayo de 2006. (…)”.

En consecuencia, si el municipio agotó lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, creó una unidad administrativa y cumple con lo establecido en el numeral segundo de la Directiva 0015 de la Procuraduría General de la Nación, debe entenderse que su actuar se ajusta a la normatividad vigente.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: http://www.superservicios.gov.co/basedoc/. Ahí encontrará normatividad, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, en particular los conceptos emitidos por esta Entidad.

Cordialmente,

LILIANA MARISOL PORRAS GIL

Jefe Oficina Asesora Jurídica (A)

1 Reparto 1728

Radicado 2008-529-062958-2

Preparado por: MARIA EUGENIA SIERRA BOTERO, Asesora Oficina Asesora Jurídica

Revisado por: ANDRES DAVID OSPINA RIAÑO

Tema: INCOMPETENCIA. La SSPD no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de acuerdos municipales.

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5 respuestas a CONCEPTO 871 DE 2008 (Diciembre 30)

  1. Lina María dice:

    Esperamos señor alcalde Camelo, que luego de su consulta le quede claro que si usted crea una empresa de servicios públicos es porque definitivamente esta interesado en subir las tarifas del agua, y aseo. No nos meta mas los dedos a la boca que ya entendemos sus nefastas intenciones

  2. Lasso dice:

    Digále al pueblo de una vez por todas cuáles son las pretenciones de usted y sus asesores para crear mas impuestos o subir las tarifas a costa de qué o por qué?

  3. Leticia dice:

    Alcalde testaruro,entienda que el pueblo y sus veredas no necesitan más burocracia, que ese es su propósito de crear la empresa de servicios públicos. No valen sus mentiras de que le va a subir al servicio de recolección de basuras por el hecho de tener que cerrar el basurero, Ya basta de tanto engaño señor Camelo.

  4. Milton dice:

    Que ignorancia la de sus importantes asesores, que no quieren entender las funciones de las diferentes entidades. Hay les dieron una leccioncita para que actuen de buena fé y sin tanto engaño al pueblo, utilizando la emisora para pantallar. Ya no le comemos a eso señor Camelo y distinguidos asesores

  5. camilo dice:

    les comento que se paso al concejo un proyecto de acuerdo para seguir cobrando el alumbrado publico a los usuarios del municipio, espero que los concejales de la oposicion preparen una manifestacion para respaldar a los campesinos y usuarios. y que este alumbrado lo pague el municipio, ya que tienen para celulares y oficina para la alcaldesita.

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